Argentina ha advertido de posibles penas de prisión y multas a directivos de una petrolera británica vinculada a la explotación de petróleo en las islas Malvinas. La disputa ha llegado al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, donde Buenos Aires reclama la paralización del proyecto Sea Lion.
Las advertencias fueron denunciadas por Sam Moody, consejero delegado de Rockhopper Exploration, quien aseguró haber recibido comunicaciones de las autoridades argentinas que también afectaban al director financiero de la compañía.
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Un yacimiento que podría generar 8.000 millones de libras
El conflicto gira alrededor de Sea Lion, un yacimiento situado unos 220 kilómetros al norte de las Malvinas, cuya explotación está impulsada por la británica Rockhopper y la israelí Navitas Petroleum.
Según las estimaciones del proyecto, su desarrollo podría aportar 8.000 millones de libras en ingresos públicos al archipiélago durante su vida útil.
Argentina considera ilegales las actividades petroleras autorizadas por Reino Unido en unas aguas cuya soberanía disputa. Londres, por su parte, defiende la validez de las licencias concedidas por las autoridades de las islas.
El tribunal decidirá si suspende las operaciones
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, ha celebrado las audiencias sobre la solicitud argentina de medidas provisionales.
La resolución está prevista para el 28 de noviembre, aunque no resolverá definitivamente la disputa territorial entre ambos países.
Las perforaciones están previstas para marzo de 2027, mientras que la producción comenzaría en 2028.
Las advertencias penales denunciadas por los directivos no constituyen una condena judicial. La controversia enfrenta ahora dos posiciones: Argentina reclama detener la explotación de los recursos y Reino Unido sostiene que el proyecto puede continuar legalmente.
