La misión señala que el sistema de justicia venezolano “necesita una reforma urgente, para librarlo de influencias políticas indebidas y garantizar que proteja los derechos de todos los venezolanos y todas las venezolanas, de acuerdo con el derecho interno y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.
Las reiteradas violaciones a las garantías procesales en Venezuela exponen un sistema judicial falto de independencia que prolonga las graves violaciones de los derechos humanos contra opositores gubernamentales, según indica el informe elaborado por una Misión* Internacional Independiente de la ONU sobre el país sudamericano.
La presidenta de la Misión, Marta Valiñas, denunció que “la independencia del poder judicial se ha visto profundamente erosionada”, una situación que pone en peligro “su función de impartir justicia y salvaguardar los derechos individuales”.
Las investigaciones indican que hay “motivos razonables” para creer que, debido a un aumento de las presiones políticas, los jueces y los fiscales” han desempeñado, a través de sus actos y omisiones, un papel importante en graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por diversos actores del Estado en Venezuela contra opositores, supuestos o reales.”
Además, destaca que desde la adopción de la Constitución de 1999 al menos una docena de nuevas leyes y resoluciones han afectado a la independencia del sistema judicial y que la independencia del Tribunal Supremo de Justicia se ha deteriorado.
Contenido
Los jueces reciben órdenes de altos cargos gubernamentales
Citando fuentes del Poder Judicial, el informe indica que “los jueces y juezas de todos los niveles reciben habitualmente órdenes sobre cómo decidir las sentencias, a veces procedentes directamente de altas esferas del Gobierno y canalizadas a través de la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia”.
Añade que los magistrados que no cedieron a las presiones políticas fueron perseguidos, denigrados e intimidados. Casi la mitad de los exjueces y fiscales entrevistados y muchos de sus familiares, tuvieron que abandonar Venezuela al temer por su seguridad y otros no hablaron con la Misión por miedo a posibles represalias.
Los integrantes de la Misión recuerdan la obligación constitucional del Estado “a investigar y castigar a todos los y las autores de violaciones de derechos humanos, independientemente de su posición”, un deber que se incumple en los casos relacionados con los opositores, ya sean reales o percibidos como tales por el Gobierno.
“La abrumadora mayoría de las violaciones de los derechos humanos y los crímenes que documentamos anteriormente dirigidos a opositores y opositoras del Gobierno no han dado lugar a investigaciones exhaustivas, enjuiciamientos y condenas de todas y todos los presuntos responsables,” dijo Francisco Cox Vial, uno de los miembros de la Misión.
Cox Vidal destacó que si los fiscales hubieran cumplido debidamente con sus tareas constitucionales se podría haber evitado la comisión de crímenes y violaciones de los derechos humanos.
Constantes irregularidades procesales
Entre las anomalías jurídicas encontradas en el informe se incluyen el uso de la prisión preventiva como una medida rutinaria y no excepcional, mantener la detención o los cargos en base a pruebas que no apuntaban a actos delictivos o la emisión de órdenes de arresto con carácter retroactivo para dotar de cobertura legal a detenciones ilegales durante las cuales los detenidos sufrían torturas, violencia sexual y se les impedía comunicarse con sus familiares o su defensa.
“Las y los fiscales presentaron evidencia contaminada por la tortura la que a su vez fue admitida por jueces y juezas como prueba contra las personas acusadas. En algunos de los casos examinados, los jueces y las juezas tampoco protegieron a las víctimas de la tortura al ordenar que regresaran a los lugares de detención donde supuestamente se había producido la tortura. Ello a pesar de haber oído a las víctimas – que a veces presentaban lesiones visibles compatibles con la tortura – hacer la denuncia ante el tribunal”, afirma la pesquisa.
Hay que reformar el sistema judicial de inmediato
El estudio determina que el sistema de justicia venezolano “necesita una reforma urgente, para librarlo de influencias políticas indebidas y garantizar que proteja los derechos de todos los venezolanos y todas las venezolanas, de acuerdo con el derecho interno y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.
Fuente: ONU
