La Fiscalía Anticorrupción ha instado al Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo a que eleve su exposición al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) para investigar, por un presunto delito de prevaricación a la actual portavoz del Partido Popular en el parlamento asturiano, Teresa Mallada, por su participación en el Caso Hulla.
Además, para preservar la unidad de la causa, la Fiscalía pide que, junto a ella, sean investigados en el TSJA todos los miembros de la Junta de Gobierno y del Pleno del Ayuntamiento de Aller, que, entre 2008 y 2013, aprobó la compra y cesión de terrenos a Montepío para que construyese una residencia de ancianos que fue levantada con una subvención pública de 31 millones de euros y acabó gestionada por una empresa y explotada también como hotel.
Así lo desvela Europa Press, que ha tenido acceso al escrito. En él también se indica que el presidente de Montepío, José Antonio Postigo, sea investigado, pues habría participado en el desarrollo fraudulento del proyecto de residencia.
Constancia de que iba a ser un hotel
“La patente grosería en la aprobación de tales acuerdos no habría obedecido más que a criterios de oportunidad política de todos los representantes públicos municipales. De hecho, varios de ellos lo han reconocido expresamente, por lo que antepusieron su voluntad a la ley”, apunta la Fiscalía, que ha tomado declaración a distintos miembros de la corporación a lo largo de las últimas semanas.
“La aforada Teresa Mallada de Castro formaba parte de la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda, Obras e Infraestructuras, lo que la colocaba en una situación privilegiada para tener conocimiento de los problemas urbanísticos existentes», añade el escrito al juzgado.
