El prior de la Abadía del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, advierte al Gobierno de que no permitirá que se retiren los restos mortales del dictador Francisco Franco. Así lo ha comunicado a la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, en una carta a la que ha tenido acceso ‘Eldiario.es’. En ella, asegura que su “Abadía no autoriza el acceso a la Basílica (lugar de culto) con la finalidad de acceder a una ‘res sacra’ (sepultura)”.
A pesar de la sentencia del Tribunal Supremo (TS), Cantera destaca la “vulneración de la libertad religiosa” de su comunidad “al pretender actuar en lugar sagrado” y no contar con la “preceptiva autorización eclesiástica”.
De este modo, el prior insiste en el espacio de la Basílica como “lugar de culto” y recuerda que el “carácter de ‘res sacra’ de las sepulturas que se encuentran en su interior es indiscutible”. “Como usted bien sabe, los bienes inmuebles del Valle de los Caídos pertenecen a la Fundación de la Santa Cruz y parte de ellos (entre los que se encuentra la Basílica) fueron cedidos en administración a esta Abadía”, añade.
La sentencia del TS de la pasada semana insiste en que no existe “desproporción” en la decisión del Gobierno de retirar los restos mortales de Franco del Valle de los Caídos. Remarca también que la exhumación del cuerpo no vulnera los derechos familiares, pues estos pueden verse limitados por un “interés público”.
“No forma parte ni del derecho a la libertad religiosa ni del derecho a la intimidad personal y familiar tener siempre la última palabra sobre el lugar de sepultura de los parientes”, señala.
El prior se agarra a los recursos de amparo
Ante el fallo, el prior insiste en que su demanda se alegaba una “vulneración de los derechos fundamentales”. Y es que, la última palabra “no corresponde al Tribunal Supremo, sino al Constitucional” o al “Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo”.
“El sometimiento a lo que los tribunales decidan no significa, en modo alguno, renuncia a los recursos que el Ordenamiento nos ofrece ante una violación de derechos fundamentales”, indica en su carta.
“Si autorizáramos, ahora, la exhumación, no solo dejaríamos sin finalidad legítima los recursos de amparo que, sin duda, se producirán, sino que careceríamos de justificación para oponernos – como nos opondremos a la exhumación – anunciada en los escritos del Estado – de los 20 monjes benedictinos que yacen en el cementerio de la Abadía”, insiste en su misiva.
