Los dos principales responsables de la dirección de Vox en Barcelona, nombrados por Santiago Abascal el pasado 2 de octubre (el presidente, Joan Garriga, y la secretaria-tesorera, Mónica Lora), se sentarán próximamente en el banquillo, acusados de un presunto delito de incitación al odio. Lo llevarían a cabo durante las elecciones del 2011, cuando pertenecían a la dirección del partido xenófobo, Plataforma per Catalunya (PxC).
Dicha organización orquestó una campaña virulenta en contra de los inmigrantes musulmanes. Por ello, un grupo de afiliados de Vox ha recurrido ante la justicia unos nombramientos que consideran ilegales.
El pasado 1 de octubre se cumplió el segundo aniversario del referéndum 1-O. Al día siguiente, los militantes de Vox recibieron un correo firmado por Tomás Fernández Ríos, secretario de Organización del partido. En él, se comunicaba a las bases “en aras de fortalecer y revitalizar la estructura orgánica provincial” ante el 10-N, el comité ejecutivo nacional había decidido “disolver la comisión gestora de Barcelona”.
El anuncio causó sorpresa entre los afiliados, pues no existía una gestora en Barcelona, sino un comité ejecutivo provincial elegido democráticamente por las bases en julio de 2018.
Más sorprendente fue el nombramiento de los nuevos miembros. Serían Joan Garriga, pariente del diputado de Vox Ignacio Garriga y Mónica Lora, exdiputada en Mataró. Ambos pertenecieron a la dirección del partido xenófobo Plataforma per Catalunya, el cual consiguió, en las elecciones municipales del 2011, entrar en hasta 40 municipios catalanes, con la friolera de 70 concejales.
El partido de extrema derecha se disolvió el pasado mes de enero, momento en el que fue invitado a desembarcar en Vox, al igual que sus militantes.
Primero los de casa
Los hechos por los que tendrán que sentarse en el banquillo se remontan a las elecciones municipales de 2011, cuando realizaron una agresiva campaña bajo el lema “primer els de casa” (primero los de casa) que incluía un cheque simulado de 4.000 euros a nombre de un supuesto musulmán y acusaba a los inmigrantes de acaparar puestos de trabajo, recibir subvenciones, no pagar impuestos o tener vínculos con las mafias.
Según el juez, dicha propaganda “excede los límites de la libertad de expresión y golpea el núcleo de la dignidad humana”.
“Tales discursos de odio, dirigidos contra grupos nacional, racial o religiosamente diferenciados, suponen una incitación a que el resto de la sociedad fabrique un enemigo artificial y predisponen a que se dé el caldo de cultivo adecuado para que, en un momento como la crisis económica que se manifestó con toda su virulencia en 2011, se pueda llegar a canalizar cualquier acto violento contra estos inmigrantes”, sentencia.
