Uno de los aspectos que más preocupan en España sobre el Brexit es el trato de ciudadanos españoles en Reino Unido. El Gobierno español, que ha regulado los derechos de 356.967 británicos en nuestro país, echa en falta mecanismos similares en territorio británico.
Es por ello que el ministro de Exteriores, Josep Borrel, ya ha comunicado al Gobierno de Boris Johnson que, si no se da un trato equivalente con los españoles en Reino Unido, el marco español para los residentes británicos desaparecerá.
Tanto Pedro Sánchez como Boris Johnson pretenden preservar los derechos de los residentes de ambos países, pero de formas muy distintas. El Gobierno británico ha puesto en marcha un esquema general para todos los ciudadanos europeos que congela los derechos que hoy disfrutan gracias al tejado común que ofrece la Unión Europea. El mecanismo consistiría en dos categorías: la de residente y la de prerresidente, que otorga menos derechos que la primera.
España se guarda el derecho de suspender las medidas reguladas
En el caso español, se contemplarían todos los aspectos de la vida cotidiana de los residentes británicos en nuestro país. Esto es: la convalidación de títulos universitarios, permisos de conducir, la prestación sanitaria o el permiso de trabajo. Unas condiciones que el Gobierno de Sánchez se compromete a mantener, siempre y cuando se den las mismas condiciones con los españoles residentes en el Reino Unido.
“Les hemos dicho que nuestro real decreto facilita que todo siga igual en caso de Brexit no pactado. Pero para eso es necesaria la reciprocidad. Y la reciprocidad no se puede garantizar a medias: se da o no se da”, señaló Luis Marco Aguiriano en conversación con El País.
El decreto ya fija desde el principio esa condicionalidad. El artículo 2 estipula que, si en dos meses las autoridades británicas no otorgan “un tratamiento recíproco” a ciudadanos y empresas españoles, “serán suspendidas las medidas reguladas” en el texto legal. El secretario de Estado para la Unión Europea recuerda ese requisito y advierte de que el Reino Unido no lo tiene regulado por ley.
