Seis exdirigentes y técnicos de UGT serán procesados por el auto dictado por la jueza por cinco delitos de fraude. También será procesada la propia formación sindical en calidad de persona jurídica por el escándalo de los cursos de formación, por el que se reclaman 1,46 millones de euros correspondientes a los ejercicios entre 2010 y 2014.
De este modo, la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo procesará al exsecretario general, Justo Rodríguez Braga, que dejó el cargo el pasado 2016 tras dieciséis años al frente del sindicato.
También han sido procesados Mónica Menéndez Vázquez, secretaria de administración desde 2002 a 2013 y administradora de Infastur; Manuel Díaz Cancio, exsecretario de formación, y María Jesús Ocaña Clemente, administradora única de Localmur.
Además, imputa a los técnicos Alberto González Castaño, encargado de la contabilidad del sindicato y del control y justificación de las subvenciones, y Silvia Sariego Ferrero, encargada de las mismas funciones en la delegación territorial del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), fundación del sindicato.
Alteración de los costes de formación
Según consta en el auto, el desvío se produjo por medio de varios “subterfugios”, con los que se enmascararon los costes reales de los cursos de formación, por los que recibieron subvenciones concedidas por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA).
La jueza considera que los exdirigentes del sindicato se habrían servido de sociedades creadas o controladas por UGT y empresas afines al mismo, entre las que cita a Localmur, Formación 2020 e Infastur, a las que recurrían para proveerse de los bienes y servicios necesarios para ejecutar las actividades formativas.
