Cada vez son menos los ciudadanos que, viviendo bajo el umbral de la pobreza, perciben una Renta Mínima de Inserción en España. Así lo asegura en un informe la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
El nivel más alto se obtuvo en 2015, cuando un 8,7% de estas personas percibieron la ayuda. El pasado año, según datos del Ministerio de Sanidad, apenas se llegó al 7,6%. Estas rentas mínimas, que son gestionadas por las Comunidades Autónomas, son prestaciones que van dirigidas a personas y familias que carecen de recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas.
Además, estos porcentajes encubren diferencias territoriales “extremas”, pues no se aplica del mismo modo en todo el territorio español. De este modo, País Vasco (71,2%), Navarra (66,7%) y Asturias (33,5%) son las únicas comunidades que se sitúan por encima del 20%. Solo cinco estarían entre el 10 y el 20%: Baleares, Aragón, Cantabria, Madrid y Catalunya. En la cola estarían Castilla-La Mancha (1,6%) y Andalucía (1,8%).
En cuanto a las cuantías, también son “extremadamente” bajas. La prestación media en todo el Estado está en 4.510 euros anuales, lo que sería el 13,7% de la renta media en España. Destaca el caso de Extremadura, cuya prestación se sitúa en el 32,5% de la renta media, seguida de Catalunya (22,6%) y Cantabria (18,3%).
Nueve comunidades están por debajo de la media, lo que equivaldría a ese 13,7%: Canarias (13,3%), La Rioja (13%), Galicia (12,1%), Madrid (12,1%), Andalucía (10,5%), Murcia (9,7%), Castilla La-Mancha (9,4%), Comunitat Valenciana (8,4%) y Baleares (5,7%).
Problema de Estado
“Garantizar un mínimo vital para las personas que carecen de recursos propios debería ser Cuestión de Estado en todo el sentido de la expresión, y una prioridad de cualquier Gobierno que se preocupe por la dignidad de las personas“, dicen desde Directores y Gerentes.
Aunque casi todos los partidos Parlamentarios llevan en su programa este compromiso, en la práctica no se está luchando por ello. “Debería haber sido motivo para iniciar, cuanto antes, los debates para alcanzar algún tipo de pacto. Pero no ha sido así”, critican.
Desde la Asociación, apelan a la “conciencia de quienes consideren la dignidad del ser humano por encima de cualquier otra consideración política o económica, para que se ponga en marcha en el Parlamento, las Comisiones o grupos de trabajo que aborden esta cuestión, en esta misma legislatura, y que no abandonen su tarea hasta lograr ese pacto”.
