El Consejo de Ministros aprobó ayer el decreto de estado de alarma que debe dar cobertura legal al toque de queda. Estará vigente hasta el 9 de noviembre, pero el ejecutivo español el vuelo prorrogar hasta el 9 de mayo y esta semana lo presentará en el Congreso con la esperanza de evitar negociar la prórroga cada quince días como ocurrió con el anterior estado de alarma. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió ayer el estado de alarma como “la herramienta constitucional para situaciones extremas y la más eficaz para frenar la curva de contagios” en España, que en los últimos catorce días ha llegado los 362 positivos por cada 100.000 habitantes y “34.752 muertes registradas desde el inicio de la pandemia”, 615 de las cuales la semana pasada.
Sánchez explicó, en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros extraordinario, que seis meses es el periodo necesario según los expertos para superar la segunda ola. Por este motivo, y para dar cierta predictibilidad a los sectores económico y sanitario, el presidente español pidió un “abrumador apoyo parlamentario” a la medida y destacó que son varias las comunidades autónomas que han pedido el estado de alarma -diez, además de Melilla, y sólo Canarias no la han de aplicar para que los datos epidemiológicos son mejores-. El objetivo que se plantea el Estado es bajar hasta 25 contagios por cada 100.000 habitantes. En caso de prórroga, el ministro de Sanidad, Salvador Illa,
El estado de alarma da cobertura legal a un toque de queda general para todo el Estado de las once de la noche a las seis de la mañana, pero las comunidades autónomas, que tienen delegada la competencia para aplicarlo, tendrán un margen de dos horas al inicio y al final. Así, el podrán empezar entre las diez y las doce de la noche y terminarlo entre las cinco y las siete de la mañana.
Las comunidades autónomas, como es el caso del Principado de Asturias, tendrán la potestad para decidir confinamientos en todo su territorio o en alguna zona. El estado de alarma no prevé un confinamiento total porque la situación de la pandemia es mejor que la de marzo. En caso de confinamientos perimetrales, se permitiría la circulación por cuestiones laborales, para asistir a centros médicos o educativos y para el cuidado de personas dependientes. También pueden limitar las reuniones sociales, en el ámbito público y en el privado, a un máximo de seis personas, a menos que conviven.
